En su columna en RPP, Nicolas Zevallos Trigoso parte del estudio del Instituto de Criminología sobre derechos humanos y minería no legal, presentado en Trujillo, Cajamarca, Arequipa y Piura, y sostiene que el modelo de negocio de esa actividad se basa en la violación sistemática de derechos humanos. Frente al proyecto de Ley MAPE que el Ejecutivo envió al Congreso, plantea tres tareas: evitar que aparezcan nuevos sitios con un sistema nacional de monitoreo y alerta, reducir la violencia en los existentes con operativos intersectoriales e indicadores de trabajo forzoso, y un shock de formalidad que convierta el contrato en una protección real para el trabajador.
Columna de opinión — RPP, 27 de octubre de 2026.
Deja una respuesta