Por Nicolas Zevallos Trigoso, criminólogo de Nexo Impacto Público.
A los cien días de gobierno, la promesa de orden, mano dura y resultados eficientes sigue sin una cifra que permita comprobarla. No es un detalle de comunicación: sin indicadores fijados de antemano, cualquier operativo puede presentarse como avance y cualquier retroceso como un problema heredado.
El debate suele plantearse como una discusión sobre intensidad —más mano dura o menos— cuando la pregunta previa es de medición. La economía la resolvió hace tiempo: crecimiento, pobreza e inflación son tres números que ordenan la conversación pública y con los que un gobierno acepta ser juzgado. La seguridad carece de su equivalente, y lo que ocupa ese lugar son los logros operativos: tres o cuatro planes en cien días y un comando unificado que, siendo una buena idea de articulación, pierde su oportunidad cuando se limita a exhibir resultados de operativos.
Ese límite tiene un costo medible. La percepción de inseguridad y la desconfianza ciudadana en Lima se alimentan, sobre todo, de la victimización cotidiana —el robo, el hurto, el cobro en el pasaje— y mucho menos de la violencia armada del crimen organizado (Mujica & Zevallos, 2017). Un golpe contra una red criminal no toca esa experiencia: el transportista y el mototaxista siguen viendo, cada día, los mismos ataques.
Bastarían tres indicadores para empezar, y los tres exigen medir donde las denuncias no llegan, porque los delitos patrimoniales concentran más del 70% de las denuncias en Lima y su subregistro supera el 90% (Mujica et al., 2015).
Los homicidios, que son la prioridad desde el primer día y el dato contra el que se contrasta cualquier promesa de reducción de la violencia. La extorsión, medida por su efecto en los negocios y no solo por las denuncias: entre 2018 y 2024 se registraron 56 580 denuncias en comisarías y, entre 2017 y 2022, la victimización empresarial se duplicó (Instituto de Criminología, 2025), dos series que no cuentan lo mismo y deben leerse juntas. Y la confianza en la policía, el más difícil de los tres, porque exige que el principal instrumento de la seguridad pública genere cercanía con sus ciudadanos; una gestión de seguridad basada en evidencia la incluye entre sus resultados a cinco años (Zevallos & Mujica, 2016).
Publicar los tres es, en el fondo, un pacto: el Ejecutivo fija una línea de base, la actualiza cada uno o dos meses, según cada indicador, y explica si avanza o retrocede para ajustar el rumbo a tiempo. Transparentar lo mal que se parte tiene un costo político, y ese costo crece con cada semana en que no se hace. El gobierno recién empieza: todavía puede decir «este es el piso» sin cargar con él.
Lo que sigue es ordenar el trabajo. Los ministerios del Interior y de Justicia y el comando unificado deberían asesorar a la Presidenta con la misma pregunta que ya se hace en economía —qué hacer para bajar la inflación, qué para restaurar el crecimiento— trasladada a la seguridad: qué hacer para reducir los homicidios, qué para bajar la victimización. Y dejar de producir lo que ya sabemos que no funciona.
Si a los cien días el Ejecutivo no puede decir con qué tres cifras quiere ser evaluado, ¿cómo sabrá —y cómo sabremos— si el orden prometido llegó?
Este artículo se deriva de la entrevista de Nicolas Zevallos Trigoso en A3RNET sobre los primeros 100 días de gobierno. Mira la entrevista completa aquí.
Referencias
Instituto de Criminología. (2025). Elaboración de un inventario de prioridades de las telecomunicaciones contra la inseguridad ciudadana: Extorsiones. Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
Mujica, J., & Zevallos, N. (2017). El crimen y la violencia en Lima Metropolitana: Hipótesis de trabajo. Woodrow Wilson International Center for Scholars; CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.
Mujica, J., Zevallos, N., López, N., & Prado, B. (2015). El impacto del robo y el hurto en la economía doméstica: un estudio exploratorio sobre los datos de Lima Metropolitana. Debates en Sociología, (40), 127-147. https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.201501.006
Zevallos, N., & Mujica, J. (2016). Seguridad ciudadana. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES); Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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