Por Nicolas Zevallos Trigoso, criminólogo.
Cuando cae un cabecilla, la noticia llega en horas; la de que el mercado donde operaba quedó libre casi nunca llega. La extorsión a pequeños negocios sigue ahí porque el territorio sigue ahí, y quien lo ocupa cambia con una rapidez que ningún operativo logra igualar.
La respuesta habitual mide el éxito en capturas: bandas desarticuladas, detenidos, cabecillas presos. Esa métrica supone que la organización es el problema, pero los grupos que cobran por proteger zonas comerciales son pequeños y maleables, y el mercado sobre el que operan —puestos, rutas, límites entre distritos— sigue siendo el mismo. Capturar a una banda sin retomar el espacio deja intacta la renta que la sostenía: la cobra la siguiente. Nuestro estudio sobre extorsión en áreas comerciales urbanas la describe como un racketeering de protección territorial, con una cifra negra alta, y propone por eso una intervención local focalizada y no una persecución general (Mujica et al., 2026).
Cambiar el enfoque exige tres pasos en orden. Identificar los territorios, que en muchos casos ya están identificados: los mercados, barrios y rutas afectados constan en la información de la policía. Priorizar, con un comando unificado que concentre su esfuerzo en una lista pública de mercados, por ejemplo los veinte más victimizados de Lima. Y rendir cuentas, mostrando cada cierto tiempo cuántos se recuperaron y cuántos se sostienen.
Medir mercados recuperados exige, además, indicadores que no dependan solo de las denuncias: con una cifra negra alta (Mujica et al., 2026), un balance honesto no puede apoyarse en el número de detenidos ni en las denuncias de la semana. Tendría que contrastar la presencia de cobros que registra la policía con lo que reportan los propios comerciantes, mercado por mercado y en el mismo período, para saber si el espacio se recuperó o solo cambió de dueño.
Esa estrategia tropieza, sin embargo, con una dificultad menos vistosa: la capacidad de llegar. El 74,8% de las comisarías no dispone de radio portátil y el 86,9% no tiene radio móvil, y en seis de los últimos doce años el sector devolvió más de la mitad del presupuesto asignado para comprar esos equipos (Instituto de Criminología, 2025). Si la comunicación entre serenazgo y policía también pasa por teléfonos personales, como ocurre en buena parte de los distritos, una central potente deja de importar: quien llega a intervenir queda desconectado.
La devolución de presupuesto muestra que el problema no es solo cuánto se asigna, sino quién ejecuta y con qué respaldo. De ahí que la coordinación convenga más a la Presidencia del Consejo de Ministros que a un solo sector, con una unidad administrativa a prueba de procesos que se caen, sobre todo en un contexto que ya no admite compras fallidas.
El sector privado entra por dos vías. Los pequeños y medianos negocios pueden aportar información a la policía y a la fiscalía sin exponer su seguridad; las empresas de mayor escala, equipamiento y tecnología, con mecanismos como las obras por impuestos.
Si una banda cae y, la semana siguiente, otra cobra en el mismo mercado, ¿qué contamos como resultado: la captura o el mercado recuperado?
Este artículo se deriva de la entrevista de Nicolas Zevallos Trigoso en Economía para Todos, de RPP Noticias. Mira la entrevista completa aquí.
Referencias
Instituto de Criminología. (2025). Tiempo de respuesta de los servicios de emergencia: factores clave (Serie Tendencias y Alertas N.º 6). ICEV.
Mujica, J., Zevallos Trigoso, N., & Campos Vásquez, C. (2026). Extorsión en áreas comerciales urbanas: Una estrategia de intervención. Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN-EPG).
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